La Presidenta de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Dra. Paulina Aguirre Suárez, participó junto a otras autoridades de la Función Judicial y del Ejecutivo en el evento de presentación del sistema de medidas de protección para víctimas de violencia, una nueva herramienta tecnológica, impulsada por el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Gobierno, que automatiza la solicitud y ejecución de medidas de protección administrativas y penales. 

El objetivo principal de este sistema -contemplado en la “Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”- es garantizar una atención oportuna y evitar la revictimización de las personas en situaciones de violencia. Actualmente, este sistema automatizado de medidas de protección está en fase de implementación, se prevé que al finalizar el año se hayan cumplido las fases planificadas.

Asistieron al evento la Presidenta del Consejo de la Judicatura, Dra. María del Carmen Maldonado; la Fiscal General del Estado, Dra. Diana Salazar; la Ministra de Gobierno, Dra. María Paula Romo; la Secretaria de Derechos Humanos, Dra. Cecilia Chacón; la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Competencias, Ing. Rosa Tapia; jueces y conjueces de la CNJ; vocales del Consejo de la Judicatura y servidores judiciales.

En su intervención la Presidenta de la CNJ resaltó el trabajo de la Comisión Mixta Nacional de Acceso a la Justicia del Ecuador, cuyo objetivo es justamente trabajar en la prevención, erradicación y sanción de la violencia, especialmente aquella ejercida en contra de niñas, adolescentes y mujeres.

También felicitó la iniciativa e hizo referencia a la acción inmediata y el compromiso de las y los operadores de justicia para proteger los derechos de mujeres en situación de violencia. “La tecnología debe estar al servicio de los ciudadanos y hoy se cumple este objetivo de facilitar el mecanismo para la obtención de una medida de protección. Los jueces trabajaremos arduamente para prevenir situaciones que pongan en riesgo el ejercicio pleno de los derechos de las personas, más aún de mujeres en situación de vulnerabilidad a través de una justicia especializada, con enfoque de género”, aseguró.

Por su parte, la Presidenta del Consejo de la Judicatura, explicó que “el sistema de medidas de protección otorga gran ayuda a los funcionarios judiciales para optimizar tiempo y recursos, facilitando la gestión de actividades, delegaciones, asignaciones de tareas y control procesal”.

La Fiscal General del Estado, en cambio, hizo un llamado a las y los fiscales para que se capaciten en la utilización de este nuevo sistema, en beneficio de las víctimas, a fin de brindarles una atención adecuada.

Asimismo, la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Competencias en su discurso invitó a los Gobiernos Autónomos Descentralizados a sumarse a esta iniciativa de protección. Mientras que la Secretaria de Derechos Humanos,  afirmó que esta herramienta será fundamental para la implementación del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad previsto en la Constitución. 

Al concluir el evento, la Ministra de Gobierno reiteró el compromiso y la voluntad política para la implementación progresiva de esta herramienta en las tenencias políticas de todo el país. Además aseveró: "hoy nadie pone en duda la necesidad de alzar la voz contra la violencia de género. Junto a la Fiscalía, Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura, trabajamos en la lucha contra este delito".

 Acuerdo 2030

En 2019 se suscribe el “Acuerdo 2030 por una vida libre de violencias” con la voluntad y decisión de las máximas autoridades de la Corte Nacional de Justicia, Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura, Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Defensoría Pública. En este espacio se crea la Comisión Mixta Nacional de Acceso a la Justicia del Ecuador, que tiene como objeto dictar medidas que busquen prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia. Como parte de esta Comisión se instala la Subcomisión de Mujeres en la que se establece una agenda de trabajo interinstitucional, teniendo como prioridad la implementación del sistema automatizado de medidas de protección.