Combatir la corrupción desde la magistratura empieza por respetar y hacer respetar el ordenamiento jurídico, donde las actuaciones de juezas y jueces se someten únicamente a la Constitución, la ley y los méritos del proceso.

Las decisiones jurisdiccionales, que son de absoluta responsabilidad de quienes las dictan, deben ser imparciales. Para ello, es indispensable que los operadores de justicia actúen con absoluta independencia judicial interna y externa, sin injerencia alguna. Vulnerar la independencia afecta la tutela judicial efectiva de los justiciables y socava los cimientos del Estado democrático.

La base de un sólido Estado de Derecho reside en la potestad de los jueces de actuar en resguardo de los derechos y garantías de las personas para evitar arbitrariedades. Cuando sus actuaciones se enmarcan en el derecho, no debe haber temor a la sanción ni búsqueda de reconocimiento.

Los sujetos procesales, acusación y defensa, tienen el derecho a disentir de la decisión judicial, a través de los mecanismos de impugnación de conformidad con la ley y el debido proceso.

La Corte Nacional de Justicia impetra a los órganos que conforman la Función Judicial a actuar en el marco de sus competencias, lo que nos permitirá fortalecer el sistema de justicia y aunar esfuerzos en la lucha incansable contra la corrupción.

Dra. Paulina Aguirre Suárez
Presidenta de la Corte Nacional de Justicia