La Corte Nacional de Justicia, como máximo órgano de administración de justicia ordinaria del Ecuador, frente a denuncias de presuntas influencias en el actuar de operadores de justicia y servidores de la Función Judicial del Ecuador, rechaza públicamente cualquier intento de lesionar la independencia judicial e imparcialidad, especialmente de las y los juzgadores, quienes tienen el deber constitucional y legal de respetar y hacer respetar su independencia; entendida esta, no como una prerrogativa de los jueces, sino un derecho de los justiciables.

La lucha contra la corrupción es una tarea permanente para quienes ejercemos el deber de administrar justicia. Las decisiones jurisdiccionales, que son de absoluta responsabilidad de quienes las dictan, deben estar sometidas exclusivamente a la Constitución, la ley y los méritos del proceso. Para ello, es indispensable que los operadores de justicia actúen con total independencia judicial interna y externa, sin injerencia alguna, pues su vulneración afecta el derecho humano a la tutela judicial efectiva y al debido proceso; así como a la seguridad jurídica, socavando los cimientos de un Estado democrático.

La Corte Nacional de Justicia hace un llamado a los órganos que conforman la Función Judicial a actuar en el marco de sus competencias, investigando con imparcialidad los presuntos actos de corrupción dentro del sistema de justicia. En caso de verificarse comportamientos que atentan el ordenamiento jurídico y que lesionan nuestra institucionalidad, demandamos se tomen las medidas correctivas correspondientes y su sanción, administrativa y penal.