Las condiciones generales del sistema carcelario ecuatoriano y el estado de emergencia sanitaria que atraviesa el país por la rápida propagación del virus COVID-19, sugieren a juezas y jueces privilegiar la imposición de medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva en casos de delitos flagrantes en que Fiscalía decida formular cargos, para de esta forma coadyuvar en el aislamiento social y resguardar la salud pública.

Además, conforme lo ha determinado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en los casos de personas en situación de riesgo en contexto de pandemia, como personas de la tercera edad, enfermos catastróficos, mujeres embarazadas, entre otros, se deben evaluar las solicitudes de beneficios carcelarios y medidas alternativas a la prisión[1].

La Presidenta de la Corte Nacional de Justicia ha compartido estos criterios con las y los Presidentes de Cortes Provinciales. Corresponde a Fiscalía General del Estado y Defensoría Pública General, en el ámbito de sus competencias, de así considerarlo, emitir las directrices que estimen necesarias en esta materia.

Dra. Paulina Aguirre Suárez

PRESIDENTA DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

[1] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución No. 1/2020 “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, aprobada el 10 de abril de 2020. Disponible en: http://oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf; y, Michelle Bachelet, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Ginebra, 25 de marzo de 2020. Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25745&LangID=S.