La Corte Nacional de Justicia (CNJ) expresa su preocupación frente a la profunda crisis institucional por la que atraviesa el país y la continua violación a la seguridad jurídica, cuyo detonante es el menosprecio por la institucionalidad de la Función Judicial.

El viernes 18 de noviembre de 2022, la Asamblea Nacional, luego de un juicio político, censuró y removió de sus funciones a cuatro consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

El día de ayer, luego de que se presentó 14 acciones de protección y de que un juez constitucional concediera medidas cautelares, han sesionado con una celeridad asombrosa, el 23 de noviembre de 2022, y, como único punto, han resuelto descalificar a dos de los integrantes de la terna que presentó el presidente de la CNJ, aduciendo una inhabilidad que el propio CPCCS certifica que NO la tienen, mediante memorando No. CPCCS-SG-2022-1445-M de fecha 17 de noviembre de 2022.

Resulta evidente que el propósito de este arbitrario e ilegal accionar es mantener en acefalía al órgano administrativo y de gobierno de la Función Judicial, el cual se encuentra por NUEVE meses indebidamente integrado, sin ser presidido por una o un delegado del Presidente de la Corte Nacional de Justicia, tal como manda el artículo 179 de la Constitución de la República del Ecuador, desarrollado por el artículo 258 del Código Orgánico de la Función Judicial.

La conducta del CPCCS, siempre fue la de entorpecer y trabar la designación de la o el Presidente del Consejo de la Judicatura, recordemos que esta es la tercera terna que se presenta, debido a la serie de actuaciones irregulares de ese organismo y que incluso motivó que la Corte Constitucional en sentencia 1219-22-EP/22 de 26 de septiembre de 2022, ordene al CPCCS que nombre a la brevedad a la máxima autoridad del Consejo de la Judicatura, situación que hasta la fecha no se la  cumple, en flagrante atentado al mandato del máximo órgano de justicia constitucional del país.

La Función Judicial es nuclear en el sistema democrático, su debida estructuración garantiza una correcta administración de justicia, INDEPENDIENTE de los otros poderes del Estado, y actúa como contra peso de los mismos, poniendo un freno a la arbitrariedad. Mantener al Consejo de la Judicatura sin su conformación constitucional, pone en serio peligro a la institucionalidad del Ecuador entero.

La Corte Nacional de Justicia está fuera y se mantendrá al margen de este perverso juego político. Exigimos que las actuaciones irregulares cesen, así como la metida de mano en la justicia y su pretendida politización. Exigimos que prevalezca el orden y el Estado Constitucional de Derechos, por el bien de la institucionalidad del país y de los ecuatorianos, que anhelan democracia y seguridad jurídica.